Promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de la ciudadanía y del interés social es el objetivo del Protocolo General suscrito, por el Consejo de Consumidores y Usuarios con la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Consumo.
El Protocolo se enmarca en la legitimación del Ministerio Fiscal para la protección de personas consumidoras y usuarias prevista en los artículos 11.5
y 15.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como en las Circulares 2/2010 y 2/2018, referidos a dicha protección.
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