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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impulsado una reforma clave dentro de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), con la que busca erradicar las llamadas comerciales no deseadas, también conocidas como “llamadas spam”.
Se trata de una respuesta directa a las miles de quejas ciudadanas acumuladas por este tipo de prácticas, que afectan diariamente a consumidores de toda España. Las enmiendas presentadas por el Ministerio pretenden proteger el derecho a la privacidad, la libre elección y una información veraz y suficiente por parte de las personas consumidoras.
Identificación obligatoria y bloqueo de llamadas
Una de las medidas más destacadas es la obligación de que todas las llamadas comerciales estén claramente identificadas mediante un prefijo telefónico específico. Lo mismo aplicará a los servicios de atención al cliente, que deberán usar un código propio y diferenciado.
Además, las operadoras de telecomunicaciones deberán bloquear todas las llamadas que no cumplan con esta identificación, lo que supondrá una barrera real y efectiva contra las prácticas comerciales invasivas.
Para permitir esta nueva forma de control, el Gobierno deberá adaptar el Plan Nacional de Numeración, permitiendo así una implementación técnica coordinada y homogénea en todo el territorio nacional.
Contratos nulos si la llamada no ha sido autorizada
La segunda gran medida plantea que todo contrato cerrado a través de una llamada telefónica no autorizada previamente será considerado nulo, lo que representa un importante desincentivo para las empresas que aún recurren a este tipo de prácticas agresivas.
También se establece la obligación de renovar el consentimiento cada dos años, evitando así que las compañías se amparen en autorizaciones antiguas, poco claras o genéricas para seguir llamando de forma indefinida a los usuarios.
Una protección reforzada para los derechos del consumidor
Estas reformas, impulsadas por el equipo del ministro Pablo Bustinduy, se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de protección de las personas consumidoras en el entorno digital, junto con otras medidas recientes como:
- la regulación de las reseñas falsas en plataformas online,
- la limitación de la renovación automática de suscripciones,
- o la obligación de mostrar el precio final completo en compras online desde el inicio del proceso.
Con estas enmiendas, el Ministerio da un paso firme para garantizar que la ciudadanía tenga el control sobre cómo, cuándo y con qué fines se le contacta, recuperando así el derecho a una comunicación comercial transparente, justa y libre de presiones.
Otras enmiendas clave a la Ley SAC
* Bloqueo de reseñas falsas en plataformas online
Se pretende prohibir y sancionar la publicación de reseñas falsas o manipuladas, tanto en páginas de comercio electrónico como en plataformas de servicios. Las empresas deberán asegurarse de que las opiniones que muestran provienen realmente de usuarios verificados y con experiencia directa en el producto o servicio.
* Fin a la renovación automática de suscripciones online
Muchas personas consumidoras se ven atrapadas en suscripciones que se renuevan automáticamente sin notificación previa o sin una opción sencilla de cancelación. La enmienda exige que:
- Las empresas informen claramente sobre la renovación automática,
- Proporcionen un aviso previo antes de que se produzca,
- Y faciliten un método ágil y accesible para cancelar la suscripción.
* Transparencia en el precio final
Otra de las reformas añadidas por el Ministerio es la obligación de informar desde el primer momento del precio final y completo, incluidos los gastos de gestión y otros cargos adicionales, especialmente en la venta online de entradas y servicios digitales. Esta medida busca evitar precios engañosos y sorpresas al final del proceso de compra.