HISPACOOP en colaboración con la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), han realizado el “Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico”.
Se trata de una iniciativa conjunta realizada en el marco del Convenio de Colaboración que tienen firmado tales entidades, como parte del Proyecto «Los consumidores vulnerables en el sector eléctrico», financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, /Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El objetivo de este estudio ha sido averiguar cómo se encuentra el colectivo de consumidores vulnerables en el mercado eléctrico español, identificando y analizando aquellos casos o situaciones en las que se detectan mayores problemas o surgen ciertos inconvenientes por parte del colectivo de consumidores vulnerables (en especial, los colectivos de personas con discapacidad y personas mayores) a la hora de participar en el mercado eléctrico y de recibir el suministro eléctrico.
Las personas con discapacidad y las personas mayores, además de condiciones de vulnerabilidad social y económica, afrontan barreras específicas y requieren medidas de accesibilidad para una mejor participación en el mercado.
El presente documento ofrece, por una parte, las principales conclusiones extraídas sobre las situaciones más problemáticas a las que se enfrentan estos colectivos de consumidores vulnerables (personas mayores y personas con discapacidad), a la hora de participar en el mercado eléctrico y de relacionarse con las suministradoras de energía eléctrica, y por otra, presenta una serie de recomendaciones y demandas de estos colectivos para mejorar su situación en dicho mercado.
Incluimos aquí algunas de esas conclusiones:
► Las personas mayores y personas con discapacidad sienten que están sufriendo, con mayor intensidad y gravedad, los problemas que ya experimenta la población en general en relación con las
compañías energéticas y con el funcionamiento del mercado eléctrico. Ambos colectivos se sienten especialmente vulnerables en este mercado.
► El suministro eléctrico no sólo es un bien “de primera necesidad” sino, con frecuencia, una energía objetivamente vital de estos consumidores vulnerables. La energía eléctrica es una necesidad
más amplia que la de “iluminar, cocinar y calentar” el hogar: es con frecuencia un soporte vital para estos colectivos, cuya salud depende de la regulación térmica del ambiente, de los productos de
apoyo (como camas articuladas, sillas a motor eléctrico, incluso respiradores), de la refrigerar medicinas, entre otras cosas.
► Ambos colectivos de consumidores vulnerables perciben que el precio de la luz es muy alto, incrementado por unos impuestos o conceptos “incomprensibles” que son independientes de lo que se consuma en el hogar. Lo peor es que este alto precio se experimente sobre todo, en aquellos hogares con menores niveles de renta y quienes sufren cargas económicas extra a causa de la propia discapacidad.
► Esto enlaza con las dificultades para hacer frente al pago de las facturas. Al menos un 11,5% tiene mucha dificultad para pagar la factura de la luz y un 18% alguna dificultad, de acuerdo a los datos de la encuesta (respondida por un perfil socioeducativo más elevado al promedio en el colectivo). Una de cada tres personas con discapacidad tiene mucha o alguna dificultad para pagar la factura de la luz. Esto supone que al menos 2.116.423 personas mayores y personas con discapacidad en España tienen dificultades para hacer frente a los pagos de sus facturas eléctricas, de las que 1,6 millones corresponden aproximadamente a personas mayores y 1 millón de personas con discapacidad reconocida (una parte de ambos colectivos, en torno a 400.000 personas, puede ser coincidente).
► La brecha social y digital es un grave problema que agrava aún más la vulnerabilidad de estos colectivos. Las peculiaridades de estos perfiles como consumidores derivados de su edad y la discapacidad, se multiplican cuando confluyen un menor nivel educativo y de renta, ausencia de red de apoyo social o familiar, acceso a las tecnologías, etc., y condicionan, en gran medida, la comunicación con las compañías energéticas, el acceso a la información (tarifas, ofertas, contratos, etc.), así como a los beneficios específicos a que se pueden acoger estos colectivos.
► Para estos consumidores se trata de un mercado opaco, no accesible y poco transparente. Ambos colectivos consideran que la competencia, que debería brindar un mercado liberalizado como el de la electricidad, no les beneficia.
Más conclusiones accediendo al estudio AQUÍ o haciendo clic en la imagen.
Consulta además el Info-resumen sobre el Estudio (abril 2018)
