HISPACOOP asiste al acto institucional por el Día de las Personas Consumidoras

HISPACOOP, como organización de consumidores y miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), ha asistido al acto institucional organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con motivo del Día de las Personas Consumidoras. Bajo el lema “Precios equitativos, derechos protegidos” y el mensaje “Tus derechos no se rebajan, se defienden”, la jornada se celebró el 16 de marzo y reunió a representantes institucionales, expertos y organizaciones de consumidores para reflexionar sobre los desafíos actuales en materia de consumo.

El acto fue inaugurado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En la jornada también intervinieron el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y el director general de Consumo, Daniel Arribas, quien fue el encargado de clausurar el encuentro.

Durante el evento se abordaron los desafíos que plantea la economía digital para la protección de las personas consumidoras, especialmente en relación con prácticas comerciales que pueden vulnerar sus derechos, como la fijación dinámica de precios, la falta de transparencia o el uso de algoritmos en la determinación de precios de bienes y servicios esenciales.

En su intervención, el ministro Bustinduy destacó la importancia de situar las políticas de consumo en el centro de las políticas públicas para garantizar la protección de millones de ciudadanos. Subrayó que las relaciones de consumo son un elemento clave de la vida democrática y que es necesario abordar las profundas asimetrías existentes entre consumidores y grandes operadores del mercado.

Asimismo, el ministro se refirió a la necesidad de reforzar el denominado “escudo social” para proteger a las familias, especialmente a los colectivos más vulnerables, frente a los efectos económicos derivados del contexto internacional actual. En este sentido, defendió la importancia de adoptar medidas en ámbitos como la energía o la vivienda, así como de acompañar las políticas fiscales con una regulación adecuada de los márgenes de beneficio de las grandes corporaciones, con el objetivo de evitar que determinadas medidas se traduzcan en beneficios extraordinarios para algunos operadores.

La jornada contó también con la intervención de la economista Isabella M. Weber, profesora asociada de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, quien analizó el papel de las políticas públicas en el control de precios y en la protección de los consumidores en contextos de crisis.

Posteriormente se celebró una mesa de debate en la que participaron Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Patricia Suárez, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán.

El vicepresidente de la CNMC señaló que el uso creciente de algoritmos en la fijación de precios introduce nuevos retos para la competencia y para la protección de las personas consumidoras. En particular, advirtió de tres riesgos principales: la asimetría informativa entre operadores y consumidores en los sistemas de precios dinámicos; la posibilidad de que los algoritmos generen comportamientos paralelos entre empresas sin supervisión suficiente; y el creciente poder de las plataformas en sectores esenciales, que puede profundizar las desigualdades entre operadores y ciudadanía. Ante este escenario, defendió la necesidad de reforzar las herramientas regulatorias mediante obligaciones ex ante en los mercados digitales, avanzar hacia una supervisión algorítmica efectiva basada en el análisis de datos y garantizar una mayor coherencia regulatoria entre distintos sectores económicos para detectar y prevenir prácticas anticompetitivas.

Por su parte, el vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios destacó que la digitalización ha amplificado problemas ya existentes en la comercialización de bienes y servicios. En este sentido, se alertó de que se ha normalizado que los precios varíen en función de factores como el lugar desde el que se realiza una búsqueda, el dispositivo utilizado o el perfil del consumidor, lo que plantea importantes retos para la protección de los derechos de las personas consumidoras.

Por su parte, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, subrayó que uno de los principales problemas actuales en la formación de precios es la falta de transparencia en el funcionamiento de los mercados digitales. En este sentido, explicó que determinadas plataformas tienen hoy una capacidad creciente para determinar precios, condiciones y márgenes, lo que exige reforzar la regulación para corregir los fallos del mercado y garantizar una protección efectiva de las personas consumidoras. Barragán destacó el papel de iniciativas normativas impulsadas por el ministerio, como la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que regula aspectos como los precios personalizados en plataformas digitales, o el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que contempla medidas para abordar los precios dinámicos y garantizar que las personas consumidoras reciban información previa y clara sobre la evolución de los precios.  Asimismo, incidió en la necesidad de reforzar la capacidad de supervisión e inspección de las administraciones públicas y de utilizar también herramientas tecnológicas para vigilar el funcionamiento de los mercados digitales y evitar que la innovación tecnológica se utilice en detrimento de los derechos de las personas consumidoras.

Durante la sesión también se repasaron algunas de las actuaciones recientes impulsadas por el Ministerio para proteger los derechos de las personas consumidoras. La jornada concluyó con la intervención del director general de Consumo, destacando la importancia de reforzar la transparencia en la formación de precios, mejorar la supervisión pública del mercado, adaptar las herramientas de control a los nuevos entornos digitales y garantizar y ofrecer seguridad de los productos. Asimismo, se puso de relieve la necesidad de seguir avanzando en políticas públicas que garanticen una protección efectiva de los derechos de las personas consumidoras y contribuyan a equilibrar las relaciones entre ciudadanía y operadores del mercado.

Consulta el vídeo de la sesión en https://www.youtube.com/live/8_QwFC2SYVU?si=S5z2MNxg-r8yHhLH

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