Ante la Sentencia del Tribunal Supremo anulando el bono social para los consumidores más desfavorecidos, HISPACOOP insta a las autoridades a tomar las medidas oportunas para mantener las ayudas económicas que permitan el acceso a la electricidad a las familias que lo percibían hasta el momento y que puede agravar el riesgo de pobreza energética con su desaparición.
Ante la Sentencia del Tribunal Supremo anulando el bono social para los consumidores más desfavorecidos, HISPACOOP insta a las autoridades a tomar las medidas oportunas para mantener las ayudas económicas que permitan el acceso a la electricidad a las familias que lo percibían hasta el momento y que puede agravar el riesgo de pobreza energética con su desaparición.
HISPACOOP recuerda que el bono social, que se enmarca en la normativa europea, se creó con el objetivo de favorecer a determinados colectivos de consumidores que por sus características podrían ser considerados como vulnerables y en riesgo de pobreza energética. Estas situaciones que marcan la finalidad del bono social, siguen estando presentes hoy en día en la situación actual de las familias españolas.
La desaparición del bono social, descuento fijado por el Gobierno sobre el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) para los hogares con potencia contratada inferior o igual a 10 kw y que estén entre los colectivos como pensionistas, familias numerosas y desempleados, representaría un duro golpe para las familias afectadas, ahondando más en la situación de riesgo de pobreza energética que pueden sufrir. En este sentido cabe recordar que el bono social cuenta en la actualidad con más de 2.4 Mill. de beneficiarios.
HISPACOOP estima que la sentencia puede ser una oportunidad de abrir un debate profundo de la reforma eléctrica y en particular sobre el bono social, fijando criterios para su acceso teniendo en cuenta las circunstancias familiares y personales de los afectados, así como la financiación del mismo. HISPACOOP también recuerda que hasta ahora el bono social sólo lo podían ofrecer y gestionar las comercializadoras que ofrecían el PVPC.