JORNADA SOBRE CONSUMIDORES Y SERVICIOS JURÍDICOS

El 24 de septiembre tuvo lugar la Jornada sobre consumidores y servicios jurídicos, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

 

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El 24 de septiembre tuvo lugar la Jornada sobre consumidores y servicios jurídicos, organizada por el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Consumidores y Usuarios.

En la inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, destacó el compromiso de la Abogacía con la defensa de los derechos de los consumidores, por ser básicamente la parte débil en las relaciones de consumo. Además, señaló que la defensa de la Abogacía de los derechos de los consumidores ha conllevado a la interposición de procesos jurídicos y un mayor colapso de los tribunales, que hay quienes atribuyen, de modo “bastante perverso e injusto” a la Abogacía.

Por su parte, Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, apuntó que el interés de la Abogacía respecto a los derechos de los consumidores es un elemento nuevo debido, en parte, a que la crisis económica ha producido una confluencia de los intereses económicos de consumidores y abogados. Igualmente, destacó que ante la incertidumbre que genera entre los consumidores el desconocimiento del coste de los servicios jurídicos, se está trabajando para alcanzar un consenso entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Consumidores y Usuarios para que exista información previa del coste de estos servicios y del importe en caso de condena en costas del letrado de la otra parte.

A continuación, Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho del Consumo y miembro de la Subcomisión de Competencia y Defensa de los Consumidores de la Abogacía, lamentó que los ciudadanos no cuentan con una auténtica Ley de Derechos ante la Justicia o una más global Ley Orgánica del Derecho de Defensa, sino que solo cuentan con la Carta de Derechos de los Ciudadanos y de la Ciudadanía ante la Justicia, que está próxima a cumplir 18 años y en la que los consumidores no han tenido voz al elaborarla.

En la mesa redonda sobre ‘Consumidores y Servicios Jurídicos’ José Ramón Lozano Petit, vocal del Consejo de Consumidores y usuarios, realizó un resumen de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

En opinión de Jesús Sánchez García, abogado, secretario del Colegio de la Abogacía de Barcelona y miembro de la Subcomisión de competencia y defensa de los consumidores del Consejo General de la Abogacía, es cierta la falta de medios materiales y humanos en el ámbito judicial en materia de consumo, pero no se puede centralizar toda la culpa en los órganos judiciales, ya que la culpa es de los legisladores, que no han tenido visión para resolver algunos problemas. También criticó que la defensa de los derechos de los consumidores se ha convertido, para determinadas empresas mercantiles, en un nicho de trabajo que va en detrimento del consumidor.
Cristina Martínez Ruiz, coordinadora de las Oficinas Liquidadoras (Registradores) en la Comunidad Valenciana y registradora de Castellón de la Plana, centró su exposición en las relaciones que tienen los registradores con los consumidores, tanto desde el punto de vista institucional como en el trabajo diario, e indicó que uno de los problemas que tienen los consumidores es que muchas veces no tienen información.

Por último, el notario Ignacio Navas explicó que los juristas de profesión están “metidos de lleno en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios”. Criticó las macro notarías, por el tipo de atención que ofrecen al cliente, y enumeró los derechos de los consumidores y usuarios cuando van a una notaría, entre los que se encuentran el derecho a la libre elección de notario en momentos como cuando firman una hipoteca.

Tras un debate muy fructífero, se decidió redactar unas conclusiones sobre los derechos y deberes que tiene un consumidor cuando acude a un despacho de abogados, y en relación con las notarías, se solicitó que se elabore una Lex Artis que regule su actuación profesional.

 

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