La Comisión Europea ha decidido retirar la propuesta de Directiva sobre las Alegaciones Ambientales (“Green Claims”), que buscaba regular y controlar las declaraciones ecológicas que las empresas hacen sobre sus productos o servicios.
Esta retirada llega en un contexto de presiones políticas y desacuerdos entre Estados miembros y actores económicos, que han generado un bloqueo en el proceso legislativo.
La propuesta, presentada en septiembre de 2023, formaba parte del Pacto Verde Europeo y tenía como objetivo garantizar que las alegaciones medioambientales que aparecen en productos y servicios fueran verificables, claras y no engañosas, contribuyendo a una mayor transparencia para los consumidores.
Una retirada sin explicación oficial
La retirada fue anunciada el 20 de junio en una rueda de prensa del portavoz comunitario de Medioambiente, Maciej Berestecki, quien confirmó la decisión sin proporcionar detalles sobre los motivos. Además, el trílogo previsto para el 23 de junio —la reunión entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo para negociar el texto— fue cancelado a última hora por la presidencia del Consejo.
Horas después, representantes del Parlamento Europeo, como Sandro Gozi (Comisión de Mercado Interior) y Tiemo Wölken (Comisión de Medio Ambiente), confirmaron la cancelación del trílogo y la intención de la Comisión de retirar la propuesta. Según explicaron, esta decisión fue motivada por cartas enviadas a la Comisión por tres grupos políticos, con demandas esencialmente idénticas que solicitaban la retirada de la iniciativa legislativa.
Uno de los impulsores de esta presión ha sido el Partido Popular Europeo (PPE) que, en una carta dirigida a la comisaria de Medioambiente, Jesika Roswall, expresó su preocupación por el carácter “excesivamente complejo, costoso y burocrático” de la propuesta. Criticaron especialmente el requisito de aprobación previa para validar alegaciones ecológicas, calificándolo de “idea fundamentalmente errónea”.
La retirada de esta directiva supone un paso atrás en la política verde de la UE y en la protección de las personas consumidoras y usuarias, que se suma a otros movimientos recientes del Ejecutivo comunitario que han sido interpretados como un giro hacia la flexibilización en materia medioambiental. Entre ellos, la relajación de los objetivos de emisiones de CO₂ para vehículos, el aplazamiento de la normativa sobre deforestación importada y el ajuste del mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Este cambio de rumbo representa una modificación en el enfoque adoptado durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen, que colocó el Pacto Verde como eje central de su programa.
¿Y ahora qué?Aunque se retire esta directiva, la lucha contra el greenwashing no queda completamente desactivada. La Directiva 2024/825, ya aprobada, complementa el marco regulador al modificar la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales (2005/29/CE). Esta nueva normativa refuerza los mecanismos para proteger al consumidor frente a alegaciones medioambientales falsas o engañosas y actualmente está pendiente de transposición en países como España.
Por último, desde la Comisión recordaron que, como órgano con capacidad de iniciativa legislativa, puede presentar nuevas propuestas cuando lo considere oportuno. “La Comisión puede hacer nuevas propuestas legislativas, y también tiene el derecho de, en base a su propia evaluación, retirar las existentes”, declaró Stefan de Keersmaecker, portavoz jefe adjunto de la Comisión.
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