El pasado 29 de agosto, el Ministerio cerró el plazo de audiencia pública del Anteproyecto de ley de Consumo Sostenible. HISPACOOP presentó las alegaciones correspondientes al texto propuesto.
Hay que recordar que la ley tiene por objetivo reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente con medidas que promueven el consumo consciente y responsable y la promoción de la reparación de bienes, así como asegurar una información clara y fiable sobre las características medioambientales de los bienes y servicios que consumimos.
La norma aborda transposiciones europeas que deben abordarse por el ordenamiento nacional e incorpora otras medidas que ahondan en los objetivos que el Ministerio quiere alcanzar.
Así, la norma combatir el ‘greenwashing’, técnicas de comunicación engañosas o alegaciones medioambientales que son usadas por parte de algunas empresas para publicitar sus productos o servicios como sostenibles sin que esas supuestas cualidades tengan un respaldo científico. Para limitar esta práctica la ley prohibirá que las empresas realicen afirmaciones genéricas y no comprobables sobre la sostenibilidad de sus productos o en su etiquetado.
El Anteproyecto persigue la obsolescencia programada, práctica con la que se pretende reducir intencionalmente la vida útil de productos para que las personas los reemplacen antes de tiempo. Para actuar en este flanco, la propuesta de Consumo incentiva la reparación de productos durante el plazo legal de garantía, aumentando este plazo en doce meses adicionales cuando se opta por la reparación en lugar de la sustitución al hacer uso de la garantía.
Junto a estas medidas, el anteproyecto presenta otras cuya aplicación pueden ser más problemáticas como la prohibición de la publicidad sobre productos energéticos compuestos exclusivamente por derivados de origen fósil, en los que no participan componentes renovables. Esta modificación legal tiene como objetivo reducir la presencia de productos o servicios basados en energías fósiles, como la gasolina, que contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire.
Asimismo, se incorpora la regulación de la práctica comercial conocida como reduflación, es decir la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad.