Unos 2,5 millones de mayores y personas con discapacidad en España tienen grandes dificultades para hacer frente a sus facturas de electricidad, de las que 1,6 millones son personas mayores y otras 900.000 con alguna discapacidad.
Unos 2,5 millones de mayores y personas con discapacidad en España tienen grandes dificultades para hacer frente a sus facturas de electricidad, de las que 1,6 millones son personas mayores y otras 900.000 con alguna discapacidad. Así lo refleja el estudio ‘Los consumidores vulnerables en el sector eléctrico’, elaborado por Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la asociación de consumidores Hispacoop, y que fue presentado el 13 de diciembre durante un Desayuno Servimedia.
Además, según este informe, el 78% de las personas de estos colectivos tienen dificultades para entender los servicios contratados y el 48% para poder acogerse al bono social.
El director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, denunció que «hay muchísimas dificultades para pagar la factura de la luz y problemas con la comprensión del contrato y de las facturas». Además, lamentó la existencia de «dificultades para acceder a los servicios de comunicación y acceso a la información, que son manifiestamente mejorables».
Por su parte, la responsable del Área de Consumo de Hispacoop, Carmen Redondo, advirtió de que «el sector eléctrico es el que genera mayor descontento por parte de los consumidores como consecuencia de sus continuas reformas» y que «las personas que más lo sufren, que son las personas mayores y con discapacidad, no reclaman».
BONO SOCIAL INSUFICIENTE
En esta línea, el gerente del Cermi, Luis Alonso, apuntó que «el gran problema es que las personas con discapacidad tienen una capacidad de renta menor y tienen que gastar más», por lo que concluyó que su reconocimiento en el bono social «se queda corto».
Para Alonso, en el nuevo bono la discapacidad «se reconoce de manera un tanto indirecta», ya que facilita el acceso al incrementar los límites de renta. Por ello, aboga por un reconocimiento similar al que tienen las familias numerosas y los perceptores de pensiones mínimas.
También se refirieron al bono social Redondo, que advirtió de que «existe un gran desconocimiento» y de que «los trámites burocráticos son muy grandes, lo que dificulta mucho su acceso», y Cabra de Luna, quien pidió que el reconocimiento de los beneficiarios sea automático a través de la información de los servicios sociales.
En nombre de los mayores, la vicepresidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP), Francisca Tricio, explicó que la situación es parecida, ya que «tienen bajísimas pensiones en muchos casos y un mayor gasto». «La luz es carísima y la gente no puede comprar ni la medicación», añadió.
Además, denunció que este colectivo «está indefenso ante todo el maremágnum eléctrico, que no se entiende y ni siquiera sabes de quién dependes ni a quién tienes que reclamar», así como la actitud de los comerciales de las compañías eléctricas cuando visitan los domicilios.
Por último, Luis Miguel Bascones, consultor de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, alertó de que los mayores «se sienten incompetentes a la hora de abordar las facturas, por lo que no las leen y se fían de lo que les llega por el banco», y denunció las dificultades de accesibilidad tanto a las oficinas físicas, que son escasas, como a los servicios telefónicos y las webs de las eléctricas.
ACCEDE A LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO HACIENDO CLIC EN ESTA IMAGEN
