Ayer día 20 de marzo, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, un marco legal que busca reducir el desperdicio alimentario en toda la cadena de producción y consumo. Con esta votación, el texto queda listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su posterior entrada en vigor.
Durante el proceso parlamentario, la tramitación de la ley ha estado acompañada de otros debates, como la modificación de la representatividad agraria y la desprotección del lobo en el norte del Duero. La aprobación definitiva ha requerido una segunda lectura en la que se han revisado las enmiendas introducidas por el Senado, algunas de ellas aceptadas y otras rechazadas.
El objetivo principal de la ley es reducir el desperdicio alimentario en un 50 % en la venta minorista y el consumo, y un 20 % en las pérdidas a lo largo de la cadena de producción y distribución antes de 2030. Para ello, establece una jerarquía de prioridades en la gestión del excedente alimentario: primero, la prevención y donación de alimentos aptos para el consumo, y en segundo lugar, su transformación y aprovechamiento, fomentando el compostaje y otros usos sostenibles.
La norma pone el foco en todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta los hogares. Se exigirá a supermercados, restaurantes y otros establecimientos adoptar medidas para reducir el desperdicio alimentario, como la venta de productos con fecha de consumo preferente próxima, la promoción de alimentos de temporada y proximidad, y la mejora en la gestión de los excedentes.
Asimismo, la ley impulsa la concienciación de las personas consumidoras y de los sectores implicados, además de la adopción de buenas prácticas, como la planificación de menús, la compra sostenible, el reaprovechamiento de alimentos y la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente. También establece la obligación de contar con infraestructuras adecuadas para minimizar las pérdidas.
El cumplimiento de esta ley estará sujeto a controles y posibles sanciones en caso de infracciones. Aunque el Gobierno defiende su impacto positivo en la sostenibilidad y la economía circular, su aplicación efectiva dependerá de la implicación de empresas, administraciones y consumidores.
Con esta normativa, España avanza en la alineación con los objetivos europeos de reducción del desperdicio alimentario y refuerza su compromiso en la lucha contra el desperdicio de alimentos, promoviendo un modelo de producción y consumo más eficiente y responsable. Ahora, el reto será su correcta implementación y la implicación de todos los agentes de la cadena alimentaria para alcanzar las metas fijadas, incluidos los hogares.
