El Consejo de Ministros del pasado 8 de octubre, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dio luz verde al anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, una iniciativa que actualiza y mejora el ecosistema legislativo del sector, al modificar la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social; la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, y la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción.
Con esta norma se pretende dar un nuevo impulso al sector, caracterizado por el Gobierno de España “como un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo decente, democracia económica y justicia social”. La economía social precisaba de una actualización normativa, que trata de plasmar este anteproyecto de ley, en cuya elaboración se han introducido diferentes aportaciones del sector.
Se considera una “reforma necesaria” para mejorar la competitividad, interlocución, reconocimiento y visibilidad, que contempla gran parte de las demandas surgidas en este sector.
Por ello, el sector ha colaborado con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, desde la publicación de la consulta pública previa sobre el anteproyecto de Ley Integral de Economía Social en 2022 y, a lo largo de las diferentes fases que marcaron la tramitación de este anteproyecto en la anterior legislatura, que se vio interrumpida por la convocatoria de elecciones generales, realizando aportaciones que han servido para apoyar la configuración del anteproyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social.
La iniciativa modifica las leyes que integran el ecosistema normativo del sector de la Economía Social: la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley de la Economía Social.
Esta nueva norma adapta temas como el funcionamiento interno de las cooperativas a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías. De forma que, en adelante, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios. También refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, incluyendo, por ejemplo, a las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes. Asimismo, el anteproyecto incluye una nueva definición de empresa de inserción y clarifica las tipologías y el catálogo de entidades que integran al modelo de la Economía Social.