Préstamos personales o créditos al consumo ¿Qué información debe prestarme la entidad financiera antes de contratar un préstamo personal o crédito al consumo? Antes de contratar, la entidad financiera deberá prestar a la persona consumidora con la debida antelación y antes de que la persona consumidora asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u …
Préstamos hipotecarios ¿A quién corresponde la elección del Notario ante la compra de vivienda con hipoteca? El derecho a elegir notario corresponde a la persona compradora. La persona compradora tiene derecho a elegir el notario que va a autorizar las escrituras de compraventa de la vivienda, y en su caso, de constitución de la garantía …
Artículo 89.8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Artículo 14.1. g) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Artículo 5.4.c) del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas.
Artículo 18 De la Ley 2/2009, de 31 marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
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Artículo 6 y 10 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
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Artículo 13 De la Ley 2/2009, de 31 marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
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Artículo 16 de la Ley 2/2009, de 31 marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
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Artículo 14.1. e) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
Artículo tercero bis I) de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario
Artículo único del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
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Artículo 7 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
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Artículo 85.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Artículo 21 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
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Artículo 2 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios
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Artículo 8, 9 y 10 de la Ley 41/2007, de 7 diciembre, de Reforma del Mercado Hipotecario.
Artículo 14.1. e) de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
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Artículo 7, 8, y 9 de la Ley 41/2007, de 7 diciembre, de Reforma del Mercado Hipotecario.
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Los deudores podrán solicitar y obtener de la entidad acreedora la reestructuración de su deuda hipotecaria al objeto de alcanzar la viabilidad a medio y largo plazo de esta.
No podrán formular esta solicitud los deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución, una vez se haya producido el anuncio de la subasta.
En el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud junto con la documentación la entidad deberá notificar y ofrecer al deudor un plan de reestructuración en el que se concreten la ejecución y las consecuencias financieras para el deudor.
El deudor podrá presentar en todo momento a la entidad una propuesta de plan de reestructuración, que deberá ser analizada por la entidad debiendo comunicar los motivos en caso de rechazo. El nuevo plan de pagos recogerá las siguientes condiciones:
Las entidades podrán reunificar el conjunto de las deudas contraídas por el deudor.
No conllevará coste por compensación la amortización anticipada del préstamo solicitada durante los diez años posteriores a la aprobación del plan de reestructuración.
En el plan de reestructuración la entidad advertirá del carácter inviable del plan o que, de resultar dicho plan inviable, se podrán solicitar las medidas complementarias.
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La entidad financiera tendrá la facultad de aceptar o rechazar en el plazo de un mes a contar desde la acreditación de la inviabilidad del plan de reestructuración. La entidad empleará alguno de los siguientes métodos de cálculo y notificará los resultados obtenidos al deudor:
También podrá solicitar la quita en el capital, aquellos deudores que se encuentren en un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que ya se haya producido el anuncio de la subasta, así como por aquellos deudores que no han podido optar a la dación en pago por presentar la vivienda cargas posteriores a la hipoteca.
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La dación en pago supondrá la cancelación total de la deuda garantizada con hipoteca y de las responsabilidades personales del deudor y de terceros frente a la entidad por razón de la misma deuda.
Así, en el plazo de doce meses desde la solicitud de la reestructuración, los deudores para los que la reestructuración y las medidas complementarias no resulten viables podrán solicitar la dación en pago de su vivienda habitual.
La entidad financiera estará obligada a aceptar la entrega del bien hipotecado por parte del deudor, a la propia entidad o tercero que ésta designe, quedando definitivamente cancelada la deuda.
Si lo solicita, el deudor podrá permanecer durante un plazo de dos años en la vivienda en concepto de arrendatario, satisfaciendo una renta anual del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación. El impago de la renta durante dicho pago devengará un interés de demora del 10%.
Las entidades podrán pactar con los deudores la cesión de una parte de la plusvalía generada por la enajenación de la vivienda, en contraprestación por la colaboración que éste pueda prestar en dicha transmisión.
La dación en pago no será aplicable en los supuestos que se encuentren en procedimiento de ejecución en los que ya se haya anunciado la subasta, o en los que la vivienda esté gravada con cargas posteriores.
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El deudor hipotecario ejecutado, cuyo lanzamiento haya sido suspendido, podrá solicitar y obtener del acreedor ejecutante de la vivienda, o persona que actúe por su cuenta, el alquiler de la misma por una renta anual máxima del 3% de su valor al tiempo de la aprobación del remate, determinado según tasación, aportada por el ejecutado y certificada por un tasador homologado.
Dicho arrendamiento tendrá duración anual, prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta completar el plazo de cinco años. Por mutuo acuerdo entre el ejecutado y el adjudicatario podrá prorrogarse anualmente durante cinco años adicionales.
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Anexo del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
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Artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
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Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
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Artículo 17 de la Ley 5/2019, de 15 marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
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