El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación a una gran empresa gestora de entradas por posibles irregularidades en la venta online de tickets para los conciertos en España de un reconocido artista internacional.
La actuación comienza tras recibir denuncias de asociaciones de consumidores que alertan sobre el cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra online. Dichos cargos habrían sido aplicados sin la debida transparencia, sin información previa suficiente o sin una justificación adecuada. De confirmarse estos hechos, podrían constituir una vulneración de la normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras.
Esta investigación se integra en un expediente informativo ya abierto por el Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo, en el que se analiza la actividad de varias empresas que comercializan entradas online para conciertos y otros eventos. En este contexto, Consumo está recopilando información y documentación para determinar si los cargos adicionales aplicados durante el proceso de compra a distancia cumplen con los requisitos legales de claridad, justificación y proporcionalidad.
Estas exigencias quedaron recogidas en una nota informativa publicada por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy en julio de 2024, dirigida a las empresas del sector. En dicho documento, Consumo advertía sobre los requisitos legales que deben cumplir las compañías al aplicar recargos y otros gastos de gestión en la venta online de entradas, así como sobre la obligación de evitar prácticas abusivas que perjudiquen a las personas consumidoras.
El ministro Pablo Bustinduy ha anunciado nuevas medidas normativas destinadas a reforzar la protección de las personas consumidoras en el entorno digital y a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
En relación con la venta online de entradas, el titular de Consumo adelantó que se incluirá expresamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores la obligación de que las empresas informen, desde el inicio del proceso de compra, del precio final y definitivo de las entradas, incluidos los gastos de gestión. El objetivo es evitar la práctica de mostrar precios desagregados que puedan inducir a error al consumidor.
Esta nueva obligación entrará en vigor con la aprobación de la futura Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), actualmente en fase de tramitación parlamentaria. La medida se ha incorporado al texto legal mediante una enmienda registrada en el Congreso de los Diputados tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE.
Además, el Ministerio de Consumo ha impulsado otras enmiendas en esta ley que buscan regular cuestiones como el bloqueo de llamadas comerciales no solicitadas, la prohibición de reseñas falsas en plataformas online y la limitación de la renovación automática de suscripciones digitales, con el fin de reforzar los derechos de los consumidores frente a prácticas abusivas en el entorno digital.
FOTO: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030